Schvartzman, Américo2023-11-212023-11-212018http://159.69.0.167/jspui/handle/123456789/498La gestión de los bienes comunes incide sobre los ecosistemas y, en consecuencia, sobre la calidad y los planes de vida de las personas que los integran en el presente, afectando también a las generaciones futuras. Los procesos decisorios que conducen a la formulación de políticas que regulen dicha gestión deberían garantizar la participación ciudadana en instancias deliberativas basadas sobre información completa y relevante. El ideal deliberativo de democracia exhibe dos elementos centrales: uno que pone el énfasis en los procesos de discusión colectivos, en el transcurso de los cuales se forman las opiniones y se intercambian puntos de vista que pueden modificarlas, y el otro, la concepción de que en democracia las decisiones deben contar con el consenso de los afectados. Ese ideal normativo, aparentemente abstracto, se traduce a un conjunto de procedimientos idóneos que pueden garantizar que las decisiones colectivas sean tomadas libre y responsablemente por ciudadanos autónomos e informados. El concepto de “licencia social”, como condición previa a la implementación de políticas ambientales, permite así explorar vías procedimentales para una concepción de democracia que no se desentiende de la autonomía que la legislación les reconoce a las personas. Por otro lado, la viabilidad de la propuesta requiere ciertas garantías que no admitan lo que denomino una “formulación débil”, es decir, la consulta no vinculante a la comunidad. A tal efecto se exploran algunas propuestas específicas para modificar o incluir en el entramado jurídico-institucional; se relevan algunos casos de conflictos socioambientales recientes de la Argentina que muestran un posible modelo de aplicación del criterio de licencia social; y se propone el abordaje de un conflicto actual bajo la perspectiva conceptual que se pretende fundamentar.esFilosofíaArtes y HumanidadesArticle